JUANA RIVAS SOLICITA QUE SUS HIJOS QUEDEN BAJO TUTELA ESTATAL EN LUGAR DE QUE VUELVAN A CASA CON SU PADRE DESPUÉS DE VACACIONES
Tras el fin de las vacaciones de Verano,
según mandato judicial los niños deben volver con su padre a Carloforte donde
residen. Francesco Arcuri ostenta la custodia debido entre otras razones a que
Juana Rivas está condenada a 5 años de prisión por sustracción de menores por
los hechos acaecidos en 2017 y que aún no ha entrado en prisión por haber
interpuesto recurso ante el TS y no haberse dictado orden de prisión
provisional por el momento.
Los informes psicosociales la describen como un
peligro para sus propios hijos y tanto la justicia italiana como la española
han dado la razón al padre exonerándole de culpa alguna sobre las denuncias instrumentales
de maltrato que una y otra vez interpone Juana Rivas.
Aún con estos precedentes esta Sra. ha
solicitado este mismo lunes a la dirección de los Servicios de Protección de
Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta en Granada, la tutela e ingreso de sus hijos en un
centro de acogida "al existir riesgo grave para su integridad física y
psicológica" si vuelven a Italia y en su defecto que "garanticen que,
por las autoridades italianas correspondientes, se han puesto en marcha medidas
de protección" para sus hijos a partir del 15 de agosto, tutelándolos y
"no entregándolos, por tanto, al presunto agresor".
Juana R. también solicitó, a finales de Julio, la
adopción de medidas cautelares antes de su vuelta a Italia, lo cual denegó el
Juzgado de Instrucción 3 de Granada presentando posteriormente recurso. La
Audiencia Provincial de Granada, se ha pronunciado en contra hoy martes, tras estudiar los informes
pertinentes, decisión contra la que no cabe recurso.
En resumen, esta persona prefiere que
internen a sus hijos en un centro de acogida, a que estos estén con su padre, que no
solo ha probado una y otra vez su inocencia ante las acusaciones de la madre
sino que ha hecho gala de una autocontención, coherencia y saber estar dignos
del santo Job.
Sin embargo el estado sigue permitiendo una situación que más allá del grave
daño que se está provocando a estos niños por la connivencia para con la madre,
los expone a un riesgo cierto. ¿Qué tiene que ocurrir para que se tomen medidas?
¿Dónde queda en este caso el interés superior del menor?
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